Injusticia Policial: Lucha por la Regularización del Cannabis
Injusticia policial · Exigimos disculpas Injusticia policial Lucha por la Regularización del Cannabis . La Policía Nacional criminalizó y difamó a un activista inocente de REDCANN, presentándolo ante todo el país como un narcotraficante sin una sola sentencia en su contra. Esto no es seguridad: es injusticia. Y exige una disculpa pública. Seguir leyendo Un operativo que deja más preguntas que respuestas Ecuador atraviesa una de las crisis de seguridad más complejas de su historia. En ese contexto, la ciudadanía espera que los recursos del Estado se concentren en desarticular a las organizaciones criminales responsables de la violencia que golpea al país. Por eso preocupa un hecho reciente. Durante un procedimiento policial en Quito, uno de los integrantes del movimiento ciudadano REDCANN Ecuador fue detenido temporalmente. Horas después, desde canales oficiales de comunicación se difundió un video que, lejos de limitarse a informar sobre el procedimiento, construyó una narrativa que asociaba públicamente a los detenidos con estructuras propias del narcotráfico. Lo más grave no fue únicamente la detención. Fue la manera en que se construyó una historia pública antes de que existiera cualquier sentencia o decisión judicial firme. REDCANN no es una organización criminal La Red de Acción Cannábica del Ecuador (REDCANN) es un movimiento ciudadano, autogestionado y sin fines de lucro, que promueve una regulación integral del cannabis mediante mecanismos democráticos, participación ciudadana y propuestas legislativas. Actualmente impulsa una Iniciativa Popular Normativa ante el CNE para que la Asamblea Nacional debata una regulación responsable del cannabis basada en evidencia científica, salud pública y derechos humanos. Su trabajo, desarrollado por voluntarios en 24 provincias, ha consistido en: educación y divulgación sobre políticas de drogas; acompañamiento e información a pacientes; promoción de una regulación responsable y con reglas claras; recolección de firmas dentro de los mecanismos que ampara la Constitución. Discrepar con una propuesta política es legítimo. Convertir a sus integrantes en supuestos enemigos públicos, sin una sentencia judicial que lo respalde, no lo es. ¿Información oficial o condena anticipada? Uno de los aspectos más delicados del caso fue la difusión de un video institucional que empleó recursos comunicacionales propios de operativos contra organizaciones criminales de alto impacto. En ese material, según denuncian los afectados, se expusieron públicamente: apellidos de las personas detenidas; alias utilizados para generar impacto mediático; imágenes de sustancias que, según los afectados, no corresponden a la realidad de los hechos; referencias a delitos graves, sin que existiera una sentencia ejecutoriada que respaldara esas afirmaciones. La comunicación institucional tiene una enorme responsabilidad. Cuando una institución pública presenta a una persona como si ya fuera culpable, antes de que un proceso judicial concluya, el daño reputacional puede volverse irreversible. La comunicación institucional debe informar. No debe prejuzgar. La diferencia entre ambas cosas es la línea que separa a un Estado de derecho de un Estado que gobierna por narrativa. El día que el Estado puede condenar a alguien con un video antes que un juez, cualquier ciudadano puede ser la siguiente víctima. La presunción de inocencia también es un derecho humano Toda persona tiene derecho a ser considerada inocente mientras no exista una sentencia ejecutoriada que determine lo contrario. Es un principio reconocido por la Constitución del Ecuador y por instrumentos internacionales como la normativa internacional de derechos civiles y políticos. Ese principio no protege únicamente a quienes resultan inocentes. Protege a toda la sociedad. Porque el día en que una imagen institucional puede reemplazar a una sentencia, la garantía deja de existir para todos. Combatir al narcotráfico exige precisión, no espectáculos Nadie discute que Ecuador necesita enfrentar con firmeza al crimen organizado. Pero esa lucha pierde legitimidad cuando se confunden actores completamente distintos. Existe una diferencia fundamental entre: organizaciones criminales dedicadas al tráfico internacional de drogas; y ciudadanos que promueven reformas legales mediante mecanismos democráticos. El propio planteamiento de REDCANN sostiene que una regulación responsable del cannabis busca reducir los espacios del mercado ilegal, separar a los consumidores del crimen organizado y permitir que la Policía concentre sus esfuerzos en los delitos de mayor gravedad. Distintas experiencias internacionales de política de drogas, documentadas por organismos como la oficina de Naciones Unidas contra la droga y el delito, muestran que la prohibición por sí sola no ha logrado desarticular esos mercados. Cuando los recursos del Estado terminan enfocándose en activistas mientras las estructuras criminales continúan operando, es válido preguntarse si las prioridades están donde realmente deberían estar. El daño de la difamación institucional Un video publicado desde una cuenta oficial tiene un alcance muy distinto al de una publicación ciudadana. Cuando ese contenido permanece en redes, es compartido por medios y replicado por cientos de usuarios asociando a una persona con delitos graves, el daño a su vida personal, laboral y familiar puede extenderse durante años, incluso si esa persona recupera su libertad o nunca llega a ser condenada. La liberación del activista no borra el daño causado La posterior salida en libertad del integrante de REDCANN es un hecho importante. Sin embargo, recuperar la libertad no elimina automáticamente el impacto de haber sido expuesto públicamente como si formara parte de una organización criminal. La imagen difundida permanece. Las publicaciones siguen circulando. Y la percepción pública muchas veces sobrevive aunque los hechos no respalden la narrativa inicial. Por eso la reparación no puede limitarse al cierre del procedimiento: también debe incluir medidas que restituyan la honra de las personas afectadas. Lo que exigimos como ciudadanía Más allá de cualquier posición sobre el cannabis, este caso abre un debate mucho más amplio sobre el respeto al Estado de derecho. Por ello, solicitamos: 01 Retiro del material El retiro del material audiovisual que difunde información considerada difamatoria por los afectados. 02 Rectificación pública Una rectificación oficial si se demuestra que el contenido difundido no reflejaba fielmente los hechos. 03 Presunción de inocencia El respeto irrestricto a la presunción de inocencia de toda persona no condenada. 04 Distinción clara Que las instituciones diferencien el activismo ciudadano de las organizaciones criminales. 05 Comunicación responsable Que la comunicación oficial se ajuste a criterios
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